Reforma desenfocada

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Esta Reforma Electoral no ha encontrado el foco de lo que implica organizar una elección. Bajo el argumento de la austeridad no parece advertir dos cosas; por un lado, el beneficio, la seguridad y la certeza que los organismos públicos locales electorales (OPLE) han aportado al Estado y, por otro lado, la atención que nunca se había puesto a la cultura cívica en todo el país.

A partir de 2014, cuando cambia el mecanismo para designar a los consejos electorales en los estados, ha evolucionado la calidad de la competencia y para bien. Pero además de incrementar el nivel de debate con los partidos políticos, se han articulado alianzas estratégicas con la sociedad civil y la academia para fortalecer a la ciudadanía a través de la apropiación del espacio público y, como siempre, con muy poco presupuesto. Hay una @RedCívica que da cuenta de ello.

La austeridad republicana la aplaudo, coincido que muchas personas abusaron del recurso público para regodearse en lujos. También estoy de acuerdo con eliminar la simulación en los puestos públicos, funcionarios que no cumplen con su labor o la ampliación de plazas para asesores que fácilmente se diluyen en la complejidad de los requisitos de transparencia.

En lo que no estoy de acuerdo es en tomar decisiones públicas bajo criterios exclusivamente económicos para cualquier asunto. Ahí es donde esta reforma electoral pierde el foco al debatir síntomas sin adentrarse en la solución. Más allá de la popularidad que aporta la bandera de “es más barato”, habría que explorar ideas y argumentos que ganan más adeptos sin desarticular al sistema: “valor público”, concepto desarrollado en la escuela de administración pública de Harvard.

Este valor público es tan valioso como el privado, pero no es igual. Una empresa busca ganar dinero, ofrece un producto que intercambia con su cliente a través de dinero.

¿Qué buscan las instituciones públicas? No es rentabilidad.

Por otro lado, ¿Qué es “caro” en la función pública? La misión que tiene un Estado es garantizar el bienestar, la seguridad y la certeza. El trueque entre la población y las instituciones públicas es eso. El SAT tiene que hacer su labor y buscar que la gente acepte los requisitos institucionales, aunque su función sea recaudar; la CFE, ofrecer un buen servicio y garantizar una cobertura amplia, al igual que el IMSS y la Secretaría de Educación. Y el sistema electoral INE-OPLE.

De 35 elecciones a gobernador, en 23 estados ha cambiado el partido gobernante, lo mismo en mil 087 municipios de mil 827 que tuvieron elecciones en todo el país. Utilizando las experiencias de dos procesos en los que el INE atrajo las elecciones –Puebla y Colima– se quiere borrar de un plumazo las aportaciones de los OPLE al sistema. Dos elecciones entre más de mil 850 organizadas para gubernaturas y alcaldías, sin contar las elecciones para los congresos locales.

Igual de importante y siempre desatendida, la cultura cívica. Es un tema ignorado consistentemente desde la Constitución y todas las leyes, aparece pocas veces y con nombres diversos. En la mayoría de los casos se habla de Educación Cívica y cuando más se usa es para enunciar un puesto.

Desde los OPLE se han articulado cientos de actividades exitosas que involucran, incitan, propician y dejan un granito de arena entre la población; se han impulsado leyes de participación ciudadana estatales que hacen una realidad los mecanismos de participación ciudadana directa, como las consultas populares que se han votado y las que vienen. Estas están en la cancha de lo estatal y municipal, han sido más expeditas que lo establecido a nivel federal; además son más visibles, difundidas, identificadas e incluso replanteadas.

Eliminar a los OPLE no elimina la competencia ni los empates técnicos, como el caso de Monterrey. Tampoco abarata las elecciones, pero sí reduce el potencial que tiene la democracia desde lo local, de la apropiación del espacio público, de la cultura cívica tan abandonada desde el sistema educativo. Tan desatendida desde el Poder Legislativo.

Una reforma enfocada generaría valor público poniendo atención a la difusión, promoción y fomento de la cultura cívica, reduciendo la sobreregulación que encarece tanto las elecciones. Esto abonaría mucho más a la austeridad republicana.

La autora es Consejera Electoral en el estado de Nuevo León y promotora del cambio cultural a través de la Educación Cívica y la Participación Ciudadana.

Opine usted: saralozanoala@gmail.com

Twitter: @saraloal

Esta es una columna de opinión. Las expresiones aquí vertidas son responsabilidad únicamente de quien la firma y no necesariamente reflejan la postura editorial de El Financiero.

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