El sistema de salud pública en México en riesgo

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La administración federal encabezada por el Presidente López Obrador ha sido una caracterizada por la búsqueda de proyectos transformantes, muchas veces radicales en comparación a los programas vigentes, que comienzan primero por la deconstrucción de políticas públicas previamente implementadas, sin importar si estas últimas fueron efectivas o no.

El sistema de salud pública en México no ha sido excluido de este proceso, y más bien, ha sido sujeto a una verdadera “terapia de shock” al estar vinculado a algunas de las políticas más radicales implementadas por el actual gobierno ante el argumento de evidencias de corrupción en su implementación.

En particular, me refiero a la cancelación del programa “Seguro Popular” y los cambios en los procesos de licitación y distribución de medicamentos en el Instituto Mexicano del Seguro Social, dos temas particulares de los muchos y delicados problemas que el sistema de salud enfrenta.

El pasado viernes 12 de julio, el Presidente López Obrador anunció ante la prensa que en breve enviaría una iniciativa de reforma a la Ley de Salud para crear el “Instituto Nacional de Salud para el Bienestar” (INSB), institución que sustituye en funciones al Seguro Popular. No obstante, y al igual que en otros programas públicos cancelados como el de “Estancias Infantiles”, los lineamientos legales y características operativas del nuevo organismo aún no son claros.

En este caso, la prisa por implementar un nuevo sistema ha dejado en vulnerabilidad a millones de ciudadanos de dependían del extinto “Seguro Popular” para hacer frente a los riesgos catastróficos que representan los gastos inesperados en salud. De acuerdo a cifras oficiales, el funcionamiento del Seguro Popular registró alrededor de cuatro millones de usuarios, y para 2015 este número era de aproximadamente 57 millones de usuarios, esto es aproximadamente la mitad de la población en el país.

En principio, Seguro Popular fue concebido como un sistema de aseguramiento, basado en los criterios de autoselección en contratos diferenciados de acuerdo al nivel de ingreso, diseñado para financiar padecimientos de alta especialidad (cáncer, VIH, sida, entre otros), pero que a través del tiempo evolucionó hasta abarcar 330 enfermedades; de acuerdo con Julio Frenk y Octavio Gómez-Dantés (Nexos, febrero 2019) esta cobertura constituye alrededor del 80 por ciento de las necesidades reales de eventos de salud catastróficos entre los más pobres de México.

Ante la declaración del inicio de la recentralización de servicios de salud para la población sin cobertura y la reciente creación del INSB, se desaparece de facto la funcionalidad de un sistema imperfecto de salud, que, no obstante, brindaba atención y cobertura a ciudadanos quienes desde diciembre se encuentran expuestos a riesgos sin atención garantizada para enfrentarlos.

A lo anterior, y una vez más, ante la aparente evidencia de corrupción en los mecanismos de asignación de contratos y precios, se dio inicio a una reforma en la administración de licitaciones para medicamentos dentro del IMSS. Este combate y reestructuración de los mecanismos de adquisición trajo como consecuencia la escasez de medicamentos para enfermedades crónicas como HIV, y el desabasto documentado de medicamentos en 24 de los 32 estados del país. Lo anterior, sumado al creciente disgusto de personal médico y administrativo del IMSS por los recortes presupuestales y de abastecimiento de otros insumos, fueron factores determinantes en la renuncia del Director General del IMSS, Germán Martínez Cázares, alegando injerencias perniciosas de la SHCP al IMSS.

Esta crisis de abastecimiento en medicamentos pareciera no tener una solución en el corto plazo, considerando lo complejo y los altos costos de aprendizaje que representan los procesos logísticos de distribución, la demanda efectiva, las fechas de caducidad, las temperaturas necesarias para que el medicamento llegue en buen estado de origen a destino, así como la estacionalidad de las necesidades de los mismos a lo largo del país.

Investigadores mexicanos, como Santiago Levy, han criticado entre otros aspectos del sistema público de salud, el funcionamiento del Seguro Popular la distorsión de incentivos que genera al promover la informalidad laboral. Al respecto, es Levy quien ha elaborado propuestas interesantes para resolver la sustentabilidad económica necesaria para garantizar el funcionamiento del sistema de salud del país en el largo plazo. El costo político y económico pudieran ser elevados, pero la vida de millones de mexicanos depende de ello.

El autor es doctor en Economía en la Universidad de Chicago. Es Profesor-Investigador de la Facultad de Economía de la UANL y miembro del SNI-CONACYT Nivel 1.

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Esta es una columna de opinión. Las expresiones aquí vertidas son responsabilidad únicamente de quien la firma y no necesariamente reflejan la postura editorial de El Financiero.

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