Sol, playa, coloridas casas de madera y un paraíso fiscal

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Las Islas Vírgenes Británicas son el domicilio de más de 400 mil compañías con activos por valor de un billón y medio de dólares. Es imposible sospecharlo cuando uno camina por Road Town, la capital de este archipiélago caribeño. Las gallinas y los gallos compiten con descaro con los autos en la única y estrecha calle principal. Los bufetes encargados de crear y atender a miles de compañías offshore operan en modestos edificios junto a coloridas casas de madera que albergan humildes salones de belleza y tiendas de ropa.

En las Islas Vírgenes Británicas (IVB) no hay entrega de correo, sus negocios y 32 mil residentes usan apartados postales como direcciones, por eso un P.O. Box en Road Town puede ser la residencia nominal de miles de empresas. Cientos de abogados, contadores y representantes trabajan en edificios alrededor de la isla principal de Tórtola. En algunos paraísos fiscales, como Luxemburgo, Mónaco o las Islas Caimán, cada esquina transpira dinero. Pero en las IVB, la riqueza pasa sin dejar rastro.

En abril, visité la firma de contabilidad global BDO Ltd., donde Ryan Geluk, su subdirector administrativo en la isla, me mostró la base de datos en la que trabajaba: el Sistema de Búsqueda Segura de Beneficiarios Finales (Beneficial Ownership Secure Search System o BOSS), que el territorio comenzó a usar en 2017 para satisfacer las demandas de tener un registro de los dueños de las compañías en la isla.

Pero Geluk solo hizo una búsqueda simulada, pues aunque ayudó a ponerla en marcha, no tiene autorización para buscar ahí. Solo dos personas, un par de empleados anónimos de la Agencia de Investigación Financiera de las IVB, tienen acceso al sistema, que contiene detalles de unas 600 mil personas que poseen o controlan, directa o indirectamente, una entidad registrada en el territorio. Se cree que un tercio de todas las compañías offshore a nivel mundial están registradas en las IVB.

Ello explica que en 2018 el parlamento británico votara una legislación en materia de transparencia que afecta a las IVB y a los otros trece territorios británicos de ultramar, exigiendo que cada uno implemente un sistema tipo BOSS y lo haga público.

El lugar de las islas en la economía offshore salió a la luz por la filtración de los llamados Papeles de Panamá en 2016, en la que el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación dio a conocer más de once millones de documentos del bufete de abogados Mossack Fonseca. Las revelaciones detonaron investigaciones en el mundo sobre lavado de dinero, violación a sanciones y evasión de impuestos, y no pasó desapercibido que más de la mitad de las compañías expuestas en la filtración estaban registradas en las IVB.

La gente aquí es consciente de la indignación que genera la riqueza oculta y la pérdida de ingresos fiscales. Pero no creen tener la culpa, y muchos niegan que su territorio sea un paraíso fiscal o una jurisdicción opaca. Las IVB están, de hecho, entre los opositores más vehementes al impulso mundial por la transparencia, lo que hace que el éxito o el fracaso de su resistencia sea un barómetro de la efectividad de la presión global sobre la industria offshore.

Cuando caminas por Road Town y aprecias su raquítica infraestructura, no entiendes por qué los locales se involucrarían en una lucha contra la transparencia. Las empresas registradas aquí no pagan impuestos. Islas enteras del archipiélago son propiedad de extranjeros, y hay pocos indicios de que los ricos que usan las islas gasten mucho dinero en la economía local. Pero los isleños me respondieron de la misma manera en el tema de la transparencia: las IVB serían un lugar más pobre sin su industria de servicios financieros. Registrar una compañía con menos de 50 mil acciones cuesta 450 dólares y hay que pagar otros 450 anuales para mantener el registro. Por modesto que parezca, eso es lo que mantiene la economía. Los servicios financieros representan el 62 por ciento de los 372 millones de dólares de ingresos públicos, y la cifra disminuirá si implementa un registro público de propietarios de compañías.

La Unión Europea ha amenazado con poner en una lista negra a las IVB y otros territorios a menos que adopten reglas para evitar que las corporaciones globales evadan impuestos al transferir las ganancias a compañías fantasmas en jurisdicciones offshore libres de impuestos. Según el Fondo Monetario Internacional, la transferencia de ganancias corporativas supone cada año pérdidas en ingresos fiscales de 600 mil millones de dólares para los países de todo el mundo. Bajo las nuevas regulaciones que entrarán en vigor este año, cualquier compañía que declare su residencia fiscal en las IVB debe tener “sustancia económica” en el territorio en forma de una oficina local, empleados y gastos apropiados. Otros centros financieros offshore más desarrollados estarán sujetos a las mismas reglas, pero es posible que aquí el impacto sea más pronunciado, obligando a miles de empresas a cerrar o ampliar operaciones en Road Town. A algunos lugareños les preocupa que las empresas simplemente se vayan a otro lado.

Pero la cruzada de Reino Unido por la transparencia es vista como la mayor amenaza. La ley aprobada por el parlamento británico exige a los territorios de ultramar la creación de los registros públicos para 2020. No obstante, preocupado de que ello pueda provocar una revuelta de las antiguas colonias, el poder ejecutivo de Reino Unido se opuso a la decisión de los parlamentarios e intenta recorrer ese plazo hasta 2023.

Ese choque entre los dos poderes pone en evidencia el legado del Imperio Británico.

El parlamento puede legislar sobre los territorios, pero los isleños, quienes son ciudadanos británicos, no pueden votar en las elecciones a menos que vivan en Reino Unido. Muchos en las IVB consideran que la imposición de un registro público es una violación de su relación constitucional con Gran Bretaña. En 2018, más de mil personas marcharon en protesta en Road Town, con pancartas que decían “No a la legislación imperial” y “No al dominio colonial”. El entonces viceprimer ministro Kedrick Pickering declaró “guerra abierta contra Reino Unido”.

El actual primer ministro de las Islas Vírgenes Británicas, Andrew Fahie, quien apoya que los territorios de ultramar tengan poder de veto sobre las leyes que el parlamento británico apruebe si éstas les afectan, dijo que no introducirán los registros públicos hasta que se adopten en todo el mundo. “No acataremos cuando sea Reino Unido quien los imponga, sino cuando se conviertan en un estándar global”, apuntó.

La transparencia amenaza el papel crucial de las IVB en los intentos a menudo elaborados para ocultar la identidad de los beneficiarios finales de los activos, esa cortina que dificulta el rastreo de fondos en disputas comerciales, investigaciones fiscales y de lavado de dinero. Una opacidad que también practican las Dependencias de la Corona de las Islas del Canal de la Mancha, Guernsey y Jersey, que no cobran impuestos a la mayoría de las compañías y tampoco revelan quiénes son los beneficiarios finales de las compañías registradas allí. Pero eso también está a punto de cambiar, luego que los legisladores británicos amenazaron con imponerles registros públicos, las Islas del Canal anunciaron en junio que los implementarían voluntariamente para 2023.

Las consecuencias son de gran alcance. La industria offshore es una especie de torre de Jenga, donde cada paraíso fiscal es un bloque que sustenta la elaborada estructura de las finanzas ocultas del mundo. Las leyes aprobadas el año pasado equivalen a sacar varios bloques a la vez. Las Islas Vírgenes Británicas están cerca de la base de la torre, y si ese bloque se mueve demasiado, la industria offshore, tal como la conocemos, podría venirse abajo.

Desde los años setenta las IVB ya hacían de paraíso offshore, pero fue hasta 1984 cuando el gobierno de las islas aprobó la Ley de Compañías Internacionales (replicada luego por las Bahamas y las Islas Caimán), diseñada para atraer a inversionistas internacionales y fuertemente inspirada en la legislación del estado de Delaware, que había hecho un gran negocio con la creación de empresas fantasmas. “Fue un pelotazo”, dice Michael Riegels, un abogado de Oxford que ayudó a redactar la ley de 1984. “En cosa dos años se estaban constituyendo cien compañías cada mes, eso superaba nuestros sueños más locos en ese momento”.

Para fines de los años ochenta las IVB se convirtieron en uno de los destinos más populares del mundo para registrar de empresas. Según Riegels, la invasión estadounidense de Panamá en 1989 obligó a la naciente industria offshore de ese país a trasladarse a las IVB. Casi al mismo tiempo, los inversionistas de Hong Kong comenzaron a usar compañías domiciliadas en las IVB para mantener activos antes de la transferencia de soberanía a China en 1997. En la década de 1990, el bufete para el que trabajaba Riegels constituía unas mil compañías cada mes.

Pero en la última década las islas se han visto empapadas en escándalos. Algunos fondos subordinados offshore que recaudaron dinero de inversionistas para apuntalar la estafa ponzi de Bernie Madoff estaban inscritos en las IVB, al igual que algunas compañías involucradas en el fraude fiscal de 230 millones de dólares perpetrado por funcionarios rusos y destapado por el abogado ruso Sergei Magnitsky, quien murió en prisión en 2009 tras descubrir el plan.

Luego, en 2013, la prensa comenzó a reportar historias basadas en una filtración de millones de documentos en una investigación conocida como los Offshore Leaks, que se convertiría en la primera de muchas revelaciones que presentaron a las IVB como la jurisdicción de elección para el lavado de dinero y la evasión fiscal.

Pocos años después el caso de los Papeles de Panamá asestó un varapalo y ejerció una enorme presión sobre las autoridades de las islas para hacer algo que pudiera salvar a su industria financiera y, al mismo tiempo, satisfacer a los reguladores mundiales. En junio de 2017, promulgaron una legislación que exigía que los encargados de constituir las empresas subieran en una base de datos la información sobre los beneficiarios finales de las empresas constituidas. De allí nació el sistema BOSS, pero con algunas lagunas, pues aún existen entidades exentas de su cumplimiento, como los fondos fiduciarios y las entidades que cotizan en bolsas de valores.

Cuando el parlamento británico votó para exigir los registros públicos a los territorios de ultramar, el obispo John Cline de la Iglesia Bautista Nueva Vida fue uno de los organizadores de la marcha contra la medida. “No es más que colonialismo moderno”, dijo sentado en su oficina de Road Town, donde cuelga una foto de Martin Luther King Jr. “No entiendo cómo pueden oprimirnos por un lado y, por el otro, esperan que funcionemos de manera viable”.

Con todo, Cline cree que la dependencia de las Islas Vírgenes Británicas en los servicios financieros ha distorsionado la economía, descuidando la construcción de infraestructura que pudiera ayudar a que florezca la industria turística. “La industria financiera se convirtió casi en la vaca lechera, y en este momento la vaca lechera está enferma”.

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