Sin un Estado de Derecho

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El recurso público es sagrado, por eso se exige honestidad a quienes trabajan en cualquier rama del gobierno. Eso dice la teoría, incluso en situaciones que tengan un evidente fondo político. Van dos casos: Suecia, 1995 y Nuevo León, 2018-2019.

“Mona Sahlin, viceprimera ministra de Suecia, que estaba predestinada a ser la primera mujer en ocupar la jefatura del Gobierno de Estocolmo, anunció ayer su dimisión del cargo y su renuncia a suceder al primer ministro, quien proyecta retirarse el año que viene”. Así la nota de El país del 11 de noviembre de 1995.

La señora Sahlin renunció ante la investigación que se abrió por el uso indebido de una tarjeta para funcionarios públicos de alto nivel. Efectivamente, entre otras cosas, compró dos chocolates Toblerone y restituyó el dinero. Por estas tierras suena a exceso, tal vez por allá también, quizá pesquisas con más color político que jurídico. De cualquier forma, asumió la responsabilidad y en beneficio de su partido, se retiró.

No hubo sentencia, no hubo necesidad invertir más tiempo y dinero para investigar, fundamentar y comprobar el desvío de recursos públicos. En un Estado de Derecho fuerte, no hay de otra, fue un desvío de recursos públicos y eso lleva a una sanción jurídica y pública. El daño iba a ser para el partido político.

El caso Nuevo León es a la inversa. El Congreso local no ha resuelto un asunto añejo de recursos públicos, dilata la decisión jurídica por un asunto político, y el sistema se lo permite. Hay una sentencia del máximo tribunal electoral en el país sobre estas irregularidades. Hay una sentencia que no se ha cumplido y ya llamó a cuentas al Congreso porque se vencieron los plazos. Esto es muy grave para cualquier Estado de Derecho que se jacte de existir.

De los actores, Jaime Rodríguez y Manuel González, ya están declarados culpables. Dan pistas de cómo va el jala y afloja de las negociaciones con el Poder Legislativo vía declaraciones mediáticas que confunden y desinforman. Los medios, sus notas y encabezados versan sobre quién sacará tajada política de esta situación, nadie habla de que hay un delito y que no se ha sancionado.

Triste papel el que se está jugando en la política de Nuevo León. Lo que en Suecia fue un asunto de semanas para volver a la legalidad, sancionar y restituir el dinero público, en Nuevo León dura más de un año. Ya en siglo XVIII se sabía que “no hay mayor flaqueza de un gobierno que dejar los abusos sin castigo”. Lo escribe Von Justi en su tratado sobre la Ciencia del Estado.

Y por acá, como si no lo supieran, siguen sin atender el Estado de Derecho.

La autora es Consejera Electoral en el estado de Nuevo León y promotora del cambio cultural a través de la Educación Cívica y la Participación Ciudadana.

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Twitter: @saraloal

Esta es una columna de opinión. Las expresiones aquí vertidas son responsabilidad únicamente de quien la firma y no necesariamente reflejan la postura editorial de El Financiero.

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