Incentivos y expectativas contra la inseguridad

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La confrontación social y política derivada de diversas ideologías y culturas es cosa común en cualquier sociedad. Pero la confrontación debe ser matizada y acotada por la civilidad, el razonamiento y por supuesto por estructuras legales que dan un marco al cómo y cuándo confrontar nuestros puntos de vista. Sin agresión, esta confrontación debe ser un diálogo, un intercambio de ideas, y en el mejor de los casos el resultado de esta puede ser favorecedor para cualquiera de las partes involucradas.

Actos como los pasados en El Paso, Texas, y en Dayton, Ohio – y como muchos otros – creo que son resultado de una radicalización alentada por el odio, un fanatismo intolerante y el temor. Muchos de estos actos son claramente de terrorismo xenofóbico, que para colmo de males han sido directa o indirectamente promovidos desde el discurso político del más alto círculo del poder en los Estados Unidos.

Patrick W. Crusius claramente reconoció haber ido a matar mexicanos bajo el argumento de que había una invasión hispánica en Texas. En El Paso, murieron 22 personas, pero en lo que va del año, de acuerdo con la información que presenta en su página Gun Violence Archive, ha habido 256 atentados públicos en los Estados Unidos, prácticamente uno por día en lo que llevamos el 2019, con más de mil 300 víctimas, de las cuales 276 han muerto.

Al parecer no importa qué tanto hayamos avanzado como sociedad económicamente integrada y tecnológicamente desarrollada, el producto del odio se convierte en masacre cuando se tienen los medios a la mano; y al parecer es más difícil en algunos estados de la Unión Americana comprar antibióticos que comprar un arma automática.

Por nuestro lado, en México, tenemos aparentes controles para la adquisición de armas y a diferencia de los Estados Unidos, el ciudadano “común” no sale a disparar de manera aleatoria en un centro comercial – o al menos no es tan común. Pero en términos estadísticos no lo necesitamos para sumar a los más de 14 mil homicidios dolosos que llevamos en el país en el primer semestre del año.

El 2018 fue el año más violente en México, con más de 33 mil 300 homicidios, esto es un promedio de más de 90 muertes por día. En nuestro país, no hay un mensaje de odio ni xenofóbico, pero claramente seguimos teniendo un problema grave de contención en la compra clandestina de armas, y en general en el combate al crimen organizado. Ya en lo que llevamos de este 2019, tenemos un promedio de 94 muertes al día, de seguir con este promedio terminaremos este año mucho peor que el 2018.

Cualquier estrategia que se trate de implementar para reducir la criminalidad, debe tener un ingrediente importante de cambio de incentivos. Los jóvenes claramente tienen más incentivos para involucrarse en actividades delictivas actualmente, el valor esperado de su participación en el corto plazo supera cualquier expectativa que tengan sobre su futuro; quizá porque precisamente no tienen ninguna expectativa del futuro, no tienen razones para pensar en su futuro, no hay incentivos de largo plazo que los desanime a participar en actividades delictivas.

La política social de la nueva administración federal en México se enfoca de manera prioritaria en proveer incentivos económicos a los jóvenes y en promover su incorporación a la economía formal a través de becas para el trabajo. En teoría son buenas estrategias, pero hay que empatarlas con otras estrategias de contención más efectivas, pues las actuales claramente no están dando resultados.

El autor es Decano de la Región Norte de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno, del Tec de Monterrey.

Opine usted: ppenia@itsem.mx

Esta es una columna de opinión. Las expresiones aquí vertidas son responsabilidad únicamente de quien la firma y no necesariamente reflejan la postura editorial de El Financiero.

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