De 1000 a 1001, o sobre el crecimiento del PIB en México

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Muchas noticias de carácter económico y financiero, algunas con un fuerte trasfondo político, han saturado los medios desde la última entrega en este espacio.

Analizarlas todas y cada una es imposible en este breve espacio, pero podemos mencionar entre las más importantes el mantenimiento de la tasa de referencia de la política monetaria decretada por Banco de México (con una votación divergente por parte del Subgobernador Gerardo Esquivel), la reciente reducción de la tasa de referencia equivalente en 0.25 puntos base para los EU por parte de la Reserva Federal y en 0.50 puntos base para Brasil por parte de su Banco Central, los cambios en la administración de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y que apuntan a un aceleramiento en el ejercicio de los recursos dedicados al gasto público para activar la economía, los planes de reestructuración financiera de PEMEX que siguen sin convencer a los inversionistas internacionales, o las recientes columnas de opinión del anterior secretario, Carlos Urzúa, explicando de forma sencilla y a una audiencia más amplia la compleja naturaleza del Plan de Desarrollo que originalmente propuso, así como la falta de consenso con el Presidente Andrés López Obrador, motivo fundamental para su renuncia. No obstante, el resumen de todas estas noticias sigue siendo el pobre desempeño de la economía mexicana en su comportamiento agregado.

En días pasados, el INEGI reportó los indicadores de crecimiento del PIB para México mostrando avances modestos y que probablemente, desde un punto de vista estadístico riguroso, no son diferentes de cero. En particular, el crecimiento trimestral entre abril y junio de este año con respecto al trimestre anterior fue de 0.1 por ciento, mientras que el crecimiento acumulado en el primer semestre del año es de 0.3 por ciento. Esto es, si México producía mil unidades de valor, el aumento de toda su capacidad productiva durante este segundo trimestre le permitió producir 1001 unidades: 0.1 por ciento más.

De la mano del hecho anterior, uno de los datos más alarmantes es la noticia vinculada a los resultados de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH). El pasado miércoles 30 de julio, INEGI reportó que una vez descontado el efecto de la inflación, los datos de la ENIGH revelan que en 2018 los hogares tuvieron un ingreso corriente trimestral promedio de 49 mil 610 pesos, a diferencia de los 51 mil 748 pesos que percibieron en 2016; esto implica una caída real de 4.13 por ciento.

Julio Santaella, presidente de INEGI, señaló que la caída anteriormente señalada fue relativamente más pronunciada en los estratos de ingreso superior, lo que contribuyó a una ligera mejora en la distribución del ingreso.

En otras palabras, los datos muestran que el “tamaño del pastel, cuya mala distribución ha sido la bandera de muchas de las políticas públicas implementadas por el nuevo gobierno, es el mismo para un mayor tamaño de población, pero que también, el ingreso promedio de los hogares ha caído considerablemente, y con ello, habría de acompañarlo el consumo y la inversión que ellos realizan.

Dos preguntas habrán de concentrar el quehacer de la administración federal en materia económica en los próximos meses. Por una parte, si el tan requerido crecimiento económico puede provenir de la expansión del gasto público, re-direccionándolo de los antiguos programas sociales y reducciones a instituciones autónomas desaparecidas (como PROMEXICO o el INEE) a proyectos como la reestructuración financiera de PEMEX o el nuevo aeropuerto propuesto en la base de Santa Lucía; y por otra parte, si debe expandirse el papel del gobierno en la economía, o debe buscarse impulsar la participación del sector privado a través del consumo de los hogares y la inversión de las empresas en la actividad económica.

El equipo de la SHCP, dirigido ahora por Arturo Herrera, conoce de primera mano el delicado y complejo funcionamiento financiero de la hacienda pública, y que los recursos limitados son el principal obstáculo en un contexto de nulo crecimiento y necesidades crecientes de inversión pública a un costo financiero mayor; esperemos que su prudencia y capacidad política sean las que predominen en la difícil negociación con su contraparte legislativa, o en muchos casos, con sus pares en el mismo ejecutivo federal.

El autor es doctor en Economía en la Universidad de Chicago. Es Profesor-Investigador de la Facultad de Economía de la UANL y miembro del SNI-CONACYT Nivel 1.

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Esta es una columna de opinión. Las expresiones aquí vertidas son responsabilidad únicamente de quien la firma y no necesariamente reflejan la postura editorial de El Financiero.

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