Cada 36 horas, una mujer en Yucatán pide una orden de protección

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El 27 de marzo de 2017, Emma Gabriela Molina Canto fue asesinada en las puertas de su casa al oriente de Mérida, luego de una lucha de dos años para recuperar a sus hijos que habían sido sustraídos por su padre, Alberto Medina Sonda.

Cinco años atrás, el Juzgado Primero Familiar en Mérida le otorgó a Molina Canto la custodia de sus tres hijos; pero al ser arrestada por elementos policiacos de Tabasco por robo de auto en 2012, los menores quedaron bajo la protección de los abuelos paternos quienes solicitaron al juez la custodia de los niños.

Las autoridades federales determinaron que la acusación era falsa y le concedieron la libertad ese mismo año; sin embargo, no pudo ver a sus hijos hasta 2014 cuando con ayuda de elementos de la entonces Procuraduría General de República, los localizó.

Debido a que es un asunto en materia familiar y que implica menores de edad, el Poder Judicial de Yucatán señaló a El Financiero que la información es privada y no se puede dar detalles de lo ocurrido.

El caso acaparó los titulares de los medios locales por lo conocido que fue la lucha de Molina Canto, quien protestó frente al Tribunal Superior de Justicia de Yucatán y Palacio de Gobierno.

A dos años de la muerte de Emma Gabriela, el posible autor intelectual, su exesposo, no ha recibido condena, pero su caso, de acuerdo con activistas feministas locales, manifestó la violencia institucional que viven las mujeres en el estado.

“Tenemos un grave problema de violencia institucional, tenemos un grave problema con las mujeres que les quitan a sus hijos, donde pierden primero el trabajo del que dependen económicamente, su salud física, y terminan muchas de las veces en un psiquiátrico debido a la inestabilidad emocional porque las dejan no solo sus parejas sino el sistema judicial”, señaló Adelaida Salas Salazar, representante en Yucatán del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF).

Según datos de la Unidad de Estadística del Poder Judicial de Yucatán, hasta marzo de este año habían acudido ante los juzgados locales 60 mujeres pidiendo una orden de protección por violencia.

Esto quiere decir que cada 36 horas, una mujer va ante el juez para pedir protección por violencia física o psicológica en la entidad. En 2018, la cifra fue de 178 órdenes emitidas y el año que se registraron más solicitudes fue en 2014 con 283.

Además, según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), durante el primer bimestre de 2019, Yucatán cuenta con la quinta tasa más alta de llamadas por violencia por parte de la pareja (solo novios y esposos) del país con 167 llamadas por cada 100 mil habitantes. En 2018, la entidad ocupó el séptimo lugar.

En cuanto a llamadas relacionadas con violencia familiar, la entidad se encuentra en el número 14 mientras que en el 2018 se situaba en el lugar 12.

Al respecto, María Herrera Páramo, Secretaría de la Mujeres de la entidad, señaló que es probable que no se estén tomando todos los aspectos para colocar al estado en ese sitio aunque reconoció el problema que viven las mujeres.

“Yucatán aparece dentro de las cifras de estadísticas como el séptimo lugar en violencia, también me parece que hay que tomar en cuenta determinadas informaciones que no están colocadas en esas estadísticas y que de repente me cuestiona un poco este séptimo lugar”, comentó en entrevista.

Igualmente, aceptó que el problema no podrá solucionarse en un sexenio, pero se deben de implementar políticas públicas que ayuden a generar las bases para la atención de la violencia contra las mujeres.

“Nadie puede decir al día de hoy, cuando llevamos siglos de desigualdad, que un sexenio puede acabar con la violencia, que un sexenio puede acabar con las desigualdades”, añadió.

Sin embargo, Adelaida Salas, considera que la actual administración no ha seguido las recomendaciones que se han realizado, ya que al preguntar en distintas dependencias, los avances reportados son del gobierno anterior.

“La semana pasada (la primera semana de abril) tuvimos una reunión con la Secretaría de Salud y nos dan los avances de salud con respecto a la norma 046 (sobre atención del personal de salud a mujeres y niñas víctimas de violencia) y nuestra sorpresa es que todos los avances fueron de la administración pasada. No hay un solo avance en esta”, mencionó.

La activista considera que tanto el Poder Judicial, Ejecutivo y Legislativo cometen violencia institucional a no acatar las recomendaciones para erradicar la violencia contra las mujeres.

Por otra parte, Herrera Páramo mencionó que en la actual administración estatal se han implementado número de emergencias para casos de violencia, pero reconoció que no podrán registrarse avances hasta después de un tiempo considerable.

“Es importante que yo comunique que cualquier línea telefónica de emergencia lleva un proceso de entre tres y cinco años para que pueda tener una consolidación, que realmente la gente la use para eso. Si bien es cierto, el 089 ya existía, la particular de la denuncia anónima de violencia contra las mujeres es el primer lanzamiento”, argumentó.

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