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El 27 de marzo de 2017, Emma Gabriela Molina Canto fue asesinada en las puertas de su casa al oriente de M\u00e9rida, luego de una lucha de dos a\u00f1os para recuperar a sus hijos que hab\u00edan sido sustra\u00eddos por su padre, Alberto Medina Sonda.<\/p>\n
Cinco a\u00f1os atr\u00e1s, el Juzgado Primero Familiar en M\u00e9rida le otorg\u00f3 a Molina Canto la custodia de sus tres hijos; pero al ser arrestada por elementos policiacos de Tabasco por robo de auto en 2012, los menores quedaron bajo la protecci\u00f3n de los abuelos paternos quienes solicitaron al juez la custodia de los ni\u00f1os. <\/p>\n
Las autoridades federales determinaron que la acusaci\u00f3n era falsa y le concedieron la libertad ese mismo a\u00f1o; sin embargo, no pudo ver a sus hijos hasta 2014 cuando con ayuda de elementos de la entonces Procuradur\u00eda General de Rep\u00fablica, los localiz\u00f3.<\/p>\n
Debido a que es un asunto en materia familiar y que implica menores de edad, el Poder Judicial de Yucat\u00e1n se\u00f1al\u00f3 a El Financiero que la informaci\u00f3n es privada y no se puede dar detalles de lo ocurrido. <\/p>\n
El caso acapar\u00f3 los titulares de los medios locales por lo conocido que fue la lucha de Molina Canto, quien protest\u00f3 frente al Tribunal Superior de Justicia de Yucat\u00e1n y Palacio de Gobierno. <\/p>\n
A dos a\u00f1os de la muerte de Emma Gabriela, el posible autor intelectual, su exesposo, no ha recibido condena, pero su caso, de acuerdo con activistas feministas locales, manifest\u00f3 la violencia institucional que viven las mujeres en el estado. <\/p>\n
“Tenemos un grave problema de violencia institucional, tenemos un grave problema con las mujeres que les quitan a sus hijos, donde pierden primero el trabajo del que dependen econ\u00f3micamente, su salud f\u00edsica, y terminan muchas de las veces en un psiqui\u00e1trico debido a la inestabilidad emocional porque las dejan no solo sus parejas sino el sistema judicial”, se\u00f1al\u00f3 Adelaida Salas Salazar, representante en Yucat\u00e1n del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF).<\/p>\n
Seg\u00fan datos de la Unidad de Estad\u00edstica del Poder Judicial de Yucat\u00e1n, hasta marzo de este a\u00f1o hab\u00edan acudido ante los juzgados locales 60 mujeres pidiendo una orden de protecci\u00f3n por violencia. <\/p>\n
Esto quiere decir que cada 36 horas, una mujer va ante el juez para pedir protecci\u00f3n por violencia f\u00edsica o psicol\u00f3gica en la entidad. En 2018, la cifra fue de 178 \u00f3rdenes emitidas y el a\u00f1o que se registraron m\u00e1s solicitudes fue en 2014 con 283. <\/p>\n